La fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, representada por Reyna Celeste Ascencio Ortega; propuso cobrar un impuesto adicional del 7% al servicio de contenidos audiovisuales de plataformas extranjeras, como Netflix, AppleTV, Disney+, Hulu y Roku.
La propuesta establece que las retenciones deberán ocurrir en el momento exacto en que se produzcan las transacciones, y que tendrían que ser bancos y empresas de cobranza mexicanos los obligados a retener el impuesto.
Además, para asegurar los derechos de los usuarios, se propone que aquellas empresas extranjeras que no cuenten con un domicilio en territorio nacional paguen una tasa extra del 15%, con el fin de incentivar la creación de dichas sedes para que los consumidores puedan presentar “quejas y reclamaciones”, en caso de así necesitarlo.
La iniciativa involucra una modificación a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), y tiene como objetivo “ampliar y diversificar las fuentes de ingreso del Estado en un contexto donde se requieren recursos adicionales”.
Al tener una estructura económica sólida y una previsible elasticidad de la demanda, difícilmente la imposición de un gravamen a su consumo afectará a los usuarios o los privará de adquirir dicho servicio; antes bien logrará que las grandes plataformas entren en una posición de equidad tributaria frente a otros servicios similares que sí están sujetos al pago de impuestos nacionales.
Así mismo, se plantea que al menos 40% del impuesto recaudado se destine a programas de cobertura social en telecomunicaciones en beneficio de comunidades rurales e indígenas apartadas.
Es justo que las fuentes de riqueza de la llamada economía digital contribuyan al erario público de los países donde obtienen ganancias, por equidad, en razón de que los ingresos de estas empresas provienen del consumo de servicios que se prestan y consumen en México.
Además, actualmente las personas están aumentando su “consumo digital” y por ende los ingresos de estas plataformas, particularmente las OTT, sin embargo, se trata de grandes empresas extranjeras por lo que difícilmente existe una derrama económica real en el país.
