El día de ayer trascendió la noticia del aseguramiento y cierre (momentáneo) de la Arena Ciudad de México, luego de que autoridades capitalinas dieran cumplimiento a una orden de registro por presuntas “lesiones y robo”.
La Policía de Investigación del Ministerio Público y peritos llegaron al recinto ubicado en la alcaldía Azcapotzalco y pasadas unas cinco horas clausuraron la Arena CDMX, considerada como el mejor y más moderno recinto para eventos masivos tales como conciertos, musicales y actividades deportivas.
La investigación de los agentes ministeriales y peritos se realizó con base en una denuncia por robo agravado. Los detectives fueron apoyados por el grupo especial de Reacción e Intervención, quienes efectuaron una revisión general y se aseguraron videos de cámaras de seguridad, así como una bitácora de las mismas del pasado sábado 12 de noviembre.
Según información de medios nacionales, se habría suscitado una pelea dentro de las instalaciones en la que presuntamente participó un funcionario del gobierno capitalino.
Se trata de Emiliano Azuceno Ramírez, quien se desempeña como director de fortalecimiento institucional y control de gestión gubernamental dentro de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) del gobierno de la Ciudad de México, y principal responsable de que se llevara a cabo el cateo dentro de la Arena
“Esta riña que es un evento aislado y es un evento en el que solo participan particulares, se está arbitrariamente cometiendo una orden de cateo. Esta orden está limitada a solicitar los videos y a solicitar que se le permita el acceso al personal de la Secretaría de Seguridad Pública”, dijo Israel Barraza, abogado de la Arena CDMX.
Vía Infobae.
La pelea en la que presuntamente se vio involucrado el servidor público ocurrió en la noche del sábado 12 de noviembre, mientras él se encontraba en estado de ebriedad. Después, fue llevado a un hospital privado donde la Arena corrió con todos los gastos hospitalarios.
Posteriormente, Azuceno Ramírez, aprovechándose de su posición privilegiada; levantó una denuncia ante el Ministerio Público y movilizó a todo un aparato judicial exigiendo que se le pagaran los gastos y se le repusiera una cadena de oro y su celular, objetos que se habrían perdido en la pelea, a pesar de que no era responsabilidad de la empresa al tratarse de daños por terceros.
Fue así que la madrugada del lunes se llevó a cabo el aseguramiento de las instalaciones. Para la tarde del martes, los sellos fueron removidos.
