El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, informó (vía MVS Noticias) que ha tenido varias reuniones con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para analizar el uso de las pulseras ‘cashless’ en festivales y eventos masivos.

El objetivo es mejorar la protección de los consumidores en situaciones relacionadas con pagos y reembolsos durante estos eventos.

Falta de regulación y problemas para los consumidores

Escalante reconoció que actualmente no existe una legislación clara sobre las transacciones realizadas mediante estos dispositivos, pero señaló que la relación entre los consumidores y los organizadores de los eventos, que implica el pago por tarjetas o pulseras, debe considerarse como un acuerdo entre partes.

“No estamos de acuerdo con que los consumidores deban pagar por consumir, sobre todo cuando ya están cubriendo el costo de la tarjeta, que además promociona el evento”, comentó Escalante.

Además, se destacó que una de las preocupaciones más grandes es la dificultad para recuperar el dinero no utilizado en el monedero digital de las pulseras ‘cashless’.

Muchos asistentes han reportado cargos adicionales, como comisiones por reembolso, que complican el proceso. Para abordar estos temas, se ha programado una reunión la próxima semana con la Condusef, donde se discutirán las condiciones necesarias para garantizar un reembolso justo y transparente para los consumidores.

¿Una práctica ilegal en festivales?

En los últimos años, la adopción de la tecnología ‘cashless’ en festivales ha crecido, obligando a los asistentes a recargar dinero en un monedero digital en lugar de pagar con efectivo o tarjetas bancarias.

Esta práctica ha causado controversia, ya que algunos expertos consideran que podría estar vulnerando la Ley Federal de Protección al Consumidor, que establece que los comercios deben aceptar pagos en efectivo hasta un monto determinado.

La imposición exclusiva de pagos mediante pulseras ‘cashless’ podría ser vista como una restricción al derecho de los consumidores de elegir el medio de pago de su preferencia, lo que podría considerarse una práctica abusiva.

A esta preocupación se suman las quejas de los usuarios sobre las dificultades para obtener el reembolso del saldo no gastado, que a menudo está sujeto a condiciones como montos mínimos de retiro, comisiones ocultas y plazos estrictos para realizar la solicitud.

Por ejemplo, algunos festivales cobran una tarifa de hasta $30 pesos por la gestión de los reembolsos, lo que agrava la insatisfacción entre los asistentes. Estos problemas han generado inquietud sobre la transparencia de los procesos de reembolso y la equidad en la relación comercial, lo que ha motivado a la Profeco y la Condusef a buscar soluciones para garantizar que los derechos de los consumidores sean respetados.